ACUERDOS TOMADOS ENTRE GOBIERNOS


El Programa Nacional para la Protección del Medio Ambiente
Constituye una respuesta a las inquietudes de diversos sectores de la población, así como al diagnóstico que se ha realizado sobre la situación que guarda el medio circundante.
El Programa recoge los principales planteamientos formulados durante las reuniones nacionales, para revisar los fenómenos de destrucción de bosques y selvas del deterioro creciente de la calidad del aire, de la escasez y contaminación del agua, del empobrecimiento y subutilización de suelos, del inadecuado manejo y disposición de residuos municipales e industriales y de la insuficiente educación ambiental.
Estamos a tiempo de revertir efectos y de modular el crecimiento económico para hacerlo sostenible. El Programa que aquí se presenta es un paso en esa dirección; todos tendremos que trabajar para mejorarlo. La tarea no es simple, ni tampoco de corta duración; compete a toda la sociedad nacional y no solamente a sus autoridades. Habrá que trazar los caminos para unir voluntades.

Recursos Naturales
En México se reportan crecientes índices de deforestación equivalentes a 500 mil hectáreas al año. Este problema se atribuye a la expansión de la frontera agrícola y pecuaria a la explotación desordenada, al crecimiento urbano y a los incendios forestales naturales o inducidos.
La pérdida de la vegetación trae como resultado la modificación y alteración en la distribución y abundancia de la flora y fauna local. A los cambios concomitantes de humedad ambiental generados por la supresión del proceso de evapotranspiración vegetal, se agrega la falta de protección al suelo mismo; el resultado es la modificación severa del ciclo hidrológico al variar los procesos de captación y de escurrimiento de las aguas superficiales.
Otro fenómeno que afecta a los suelos es la salinización característica de las zonas de riego agrícola que consumen grandes volúmenes de agua. El efecto sobre la vegetación es la disminución de absorción del agua. Hay que añadir que las concentraciones altas de cloruros de sulfatos y de carbonatos son tóxicas para las plantas e impiden su cultivo.
El arrastre de la capa superficial de los suelos da origen también a procesos de azolvamiento y sedimentación, en cuencas hidrológicas de distinto tipo. Este arrastre produce fenómenos de eutrofización (concentración de nutrientes y disminución del oxígeno), afectando la flora y la fauna acuática de cuencas interiores; además, éste fenómeno contribuye a la pérdida de nutrientes del suelo.
El empleo indiscriminado de plaguicidas y de agroquímicos tiene efectos contaminantes sobre el agua, suelo y los cuerpos de agua, afectando en forma directa a la flora y la fauna acuática y de su hábitat.
La solución a los problemas ecológicos se relaciona estrechamente con una amplia gama de variables de la vida nacional. Las metas del Programa, por tanto, no tienen un carácter exhaustivo, sino que pretenden señalar las tareas prioritarias a desarrollar, así como precisar las bases fundamentales para una gestión ambiental de largo plazo.
Flora y Fauna
La flora y fauna silvestres están sujetas a múltiples factores de presión. Ello ocasiona que tanto su abundancia como su adversidad tiendan a disminuir, comprometiendo su permanencia en el territorio nacional.
Las causas son la destrucción del hábitat, la caza y pesca furtivas, el comercio ilegal, la contaminación ambiental y las actividades recreativas y turísticas inapropiadas.
Existen en el país 447 especies de mamíferos, de las cuales 61 son cinegéticos. Existen 1051 especies de aves, de ellas 68 son de ornato y canoras. Hay 685 especies de reptiles y 284 de anfibios; de los últimos se utilizan 30 y 10 especies respectivamente, para fines alimenticios y de la industria peletera.
El aprovechamiento de la fauna de México se ha basado en un criterio parcial de considerarla como recurso natural renovable, que no requiere de manejo. En los últimos años, se ha intentado revertir esta situación, con el establecimiento y la promoción de criaderos y estaciones de vida silvestre.
En la actualidad, 342 especies de fauna se encuentran amenazadas o en peligro de extinción, de las cuales 169 son especies únicas de México. Los grupos más afectados son los mamíferos y las aves cinegéticas, canoras y de ornato.
La fauna es un recurso altamente productivo, cuya potencialidad aun no ha sido debidamente explorada y aprovechada; de manera tradicional ha sido una alternativa de subsistencia y su explotación no se ha realizado racionalmente.
La gran diversidad de la flora, y su acelerada depredación, obligan a definir un sistema informativo actualizado que permita conocer su situación actual, las acciones que se realizan para su protección y su temporalidad. En este sentido, se deben reforzar las acciones del gobierno y de las instituciones de educación superior y de investigación para el establecimiento y operación de los jardines botánicos; con ellos, es posible promover la difusión, educación, y la investigación sobre el patrimonio vegetal del país. A los viveros les corresponde la labor de propagar especies vegetales útiles.
En México, estos recursos representan un valioso patrimonio, tanto desde el punto de vista ecológico, como desde el punto de vista socioeconómico.
La contaminación marina, cuyos principales agentes son los residuos orgánicos e inorgánicos, afecta directamente la sobrevivencia de peces y de algunos invertebrados de importancia sanitaria y comercial como los moluscos bivalvos.
Áreas Naturales Protegidas
el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas (SINAP). Cuenta con 65 áreas, con una cobertura de cerca de 6 millones de hectáreas, que equivale a cerca del 3 por ciento de la superficie total del país, representativas de la zona templada, del trópico húmedo, de la zona árida y semiárida y de la superficie insular.
Estas áreas comprenden los diversos tipos de ecosistemas del territorio nacional, aún cuando la representatividad biológica en ellas no es muy amplia. En forma adicional, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como algunos gobiernos estatales, protegen más de 8 millones de hectáreas, mediante 59 reservas forestales y zonas de cuencas protegidas.
De esta forma, se puede decir que la superficie protegida en el país alcanza el 7 por ciento del territorio nacional; no se considera en ese porcentaje a las 156 zonas protectoras de cuencas alimentadoras de obras de irrigación, ni a otras zonas forestales preservadas.
Los problemas más importantes, que enfrentan las áreas naturales protegidas, en todas las regiones ecológicas del país, son los siguientes:
- Insuficiencia de recursos humanos, materiales y financieros para la operación de la totalidad de las áreas que constituyen el sistema. Como consecuencia, se asignan recursos sólo a las consideradas como altamente prioritarias, sin que estos resulten suficientes para atenderlas adecuadamente.
- El personal responsable de realizar la vigilancia carece de atribuciones para la aplicación de medidas coercitivas a los infractores, y no cuenta con los elementos necesarios para el desempeño de sus funciones.
- En la gran mayoría de las áreas no se han establecido los decretos de expropiación correspondientes, o no se ha cubierto el monto de indemnización en su oportunidad. Por esta razón, los propietarios y poseedores de los predios continúan haciendo uso de los recursos a través de actividades no planificadas o autorizadas, principalmente de tipo agropecuario y forestal. Como consecuencia colateral, se presentan incendios y han proliferado las plagas y enfermedades en el arbolado, con el consiguiente deterioro de los ecosistemas originales.
- En las zonas de carácter urbano, se presentan constantes invasiones a su superficie por asentamientos urbanos irregulares, con la aparición de problemas de contaminación de suelo y agua.
- La tala clandestina en algunas áreas protegidas y sus zonas de influencia, ha ocasionado problemas de erosión y pérdida del hábitat para la fauna silvestre.
- No se cuenta con programas de investigación, que proporcionen el conocimiento de los recursos de las áreas naturales protegidas y las técnicas adecuadas, tanto para el manejo racional y sostenido de los recursos, como para la solución de problemas socieconómicos ligados a éstos.
Agua

A México se le divide en 320 cuencas hidrológicas, agrupadas en 14 regiones. Su precipitación pluvial no se distribuye uniformemente en todo el territorio. En la zona norte del país sólo se tiene un escurrimiento del 3 por ciento del total en un área equivalente al 30 por ciento del territorio; en el sureste se cuenta con el 50 por ciento de la disponibilidad total de agua en una superficie no mayor al 20 por ciento del país.
Sólo la región central presenta equilibrio entre el promedio de escurrimiento y la extensión territorial, teniendo una disponibilidad de 47 por ciento, en 50 por ciento del territorio. Pero aún en esta zona se ha tenido que recurrir al trasvase de cuencas para satisfacer la demanda de áreas como la Zona Metropolitana del Valle de México, con todas las consecuencias que esto implica.
Debido a estas tendencias, se observan ya insuficiencias críticas de agua limpia en algunas regiones; en consecuencia, su obtención tendrá un costo cada vez más elevado, ya que el agua es un recurso vital que se debe tener en el lugar y en el tiempo adecuados, en suficiente cantidad y con buena calidad.
La contaminación del agua se conforma por una sucesión de fenómenos asociados al incremento poblacional: la concentración de la población, y de la actividad económica, demanda crecientes volúmenes del líquido y genera más residuos y descargas de agua sin tratamiento.
Los principales contaminantes que modifican la calidad natural de las corrientes de agua son: materia orgánica que ocasiona la disminución del oxígeno disuelto; nutrientes que provocan eutroficación; grasas y aceites que ocluyen las agallas de los peces y disminuyen la transferencia de oxígeno; organismos patógenos, metales pesados, detergentes y plaguicidas que afectan a la salud humana y a la flora y fauna acuáticas.
Entre las manifestaciones del deterioro asociado al agua se puede mencionar: el agotamiento paulatino de los suelos; el empobrecimiento de terrenos de alta productividad agrícola por salinización; el abatimiento en general de los niveles de productividad de sector agropecuario; la desertificación por pérdida de la cubierta vegetal; la inutilización de los cuerpos de agua que surten a la población; la disminución de acuíferos y la insalubridad de los polos urbanos.
Aire
La contaminación atmosférica es consecuencia también de la dinámica de  desarrollo. Se puede señalar como causa primordial del problema al rápido crecimiento demográfico que ha experimentado México en las últimas décadas y a la tendencia de la población y del desarrollo industrial a concentrarse en unos cuantos polos de desarrollo.
El aumento en el número de vehículos, en las grandes ciudades, se traduce en forma directa en un aumento en el consumo de gasolina y en mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera. Para ilustrar estas circunstancias se observa que en 1940 habían registrados en el país, alrededor de 149 mil vehículos, cifra que aumenta en 1979 a 4.8 millones y en 1989 a 8 millones. En relación con el uso de gasolina, se consigna un consumo de 1.6 millones de litros diarios en todo el país en el año de 1940, y de 57.5 millones en 1989.
La actividad petrolera y portuaria industrial, localizada en el Golfo de México, ha producido beneficios de indudable importancia para el país; sin embargo, la concentración de actividades inherentes a la exploración, explotación y procesamiento de hidrocarburos, ha impactado en forma negativa y sensible a ciudades industriales de la región, como Minatitlán y Coatzacoalcos. Los principales contaminantes son el bióxido de azufre.
Para conocer con mayor precisión los niveles de contaminación de las principales ciudades y definir medidas preventivas y correctivas, se estableció la Red Nacional de Monitoreo Atmosférico que actualmente cuenta con 22 redes manuales, 3 micrometeorológicas y una red automática. Se ha establecido también el Sistema Nacional de Monitoreo Atmosférico, que consta de 192 estaciones; con este apoyo técnico, es posible evaluar sistemáticamente la calidad del aire en las ciudades del país que presentan mayores problemas.
Se han instrumentado a nivel nacional diversos programas para la prevención y control de la contaminación. El Decreto de las 21 Medidas para controlar las fuentes de emisión en la ZMVM, establecido en febrero de 1990, constituye un extraordinario esfuerzo de concertación del Gobierno Federal para promover acciones coordinadas con la sociedad en su conjunto. Este programa y el que le sucedió, de las 100 Acciones, han permitido adoptar medidas importantes para revertir el deterioro ambiental. Estos antecedentes constituyen la base para establecer el Programa Integral de Lucha Contra la Contaminación en la ZMVM, que atacará de raíz el problema; esa experiencia es útil también para atender a las principales ciudades y regiones ecológicas del país.
Ruido
Está en proceso de elaboración el reglamento de ruido y vibraciones, que contendrá  los criterios jurídicos y administrativos básicos para el establecimiento de normas técnico ecológicas. Será necesario disponer de equipo para la medición de ruido y vibraciones.
El principal problema de la contaminación por ruido en las grandes ciudades, se origina por el uso constante y creciente de vehículos automotores y por las actividades industriales y comerciales. El desarrollo urbano no ordenado ha ocasionado que áreas industriales queden rodeadas por zonas habitacionales, afectadas por ruido y vibraciones. Ciudades como las tres grandes zonas metropolitanas y otras como Tijuana, Irapuato, Morelia, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas son afectadas por el intenso tránsito vehicular y la concentración de actividades en sus zonas centro. Otras ciudades se ven congestionadas en temporada de vacaciones, por las aglomeraciones de visitantes, con el consecuente incremento del ruido.


Desechos y Residuos Sólidos
Actualmente del total de basura urbana producida se recolecta únicamente el 75 por ciento, quedando dispersas 13 mil toneladas de basura diariamente; de las cantidades recolectadas sólo 16 mil toneladas son dispuestas adecuadamente en rellenos sanitarios controlados.
El crecimiento demográfico, y el de las actividades productivas y de servicios, han rebasado con mucho la capacidad del medio para absorber los millones de toneladas de desechos que se generan. Surge la necesidad de auxiliar a los procesos naturales mediante sistemas de recolección, tratamiento y disposición final para evitar daños ecológicos irreversibles.
Si se consideran todas las fuentes, en México se producen diariamente 52 mil toneladas de desechos sólidos municipales y 370 mil toneladas de residuos industriales.
Para el control de los residuos municipales, se encuentran operando en el país 34 rellenos sanitarios que cubren las necesidades de únicamente el 21 por ciento de la población.

Otras limitantes son: el insuficiente personal capacitado para aplicar técnicas y metodologías en los sistemas de limpia; la organización administrativa del servicio no ha permitido contar con personal con los conocimientos suficientes para dar una atención adecuada a los problemas. El costo de los servicios de limpia incide también en forma notable en la economía de los municipios.

El control de los residuos sólidos industriales, representa igualmente una prioridad de atención. De las 370 mil toneladas que diariamente se generan, 13 mil corresponden a materiales que tienen características peligrosas. Tan sólo la industria química libera mensualmente al mercado más de tres mil nuevos productos; por esta razón, la clasificación de los residuos sólidos es cada día más complicada. La mayor parte de los desechos sólidos peligrosos se genera en los procesos químicos; inclusive a los altamente tóxicos corrosivos, reactivos, explosivos e inflamables y también a los de hospitales y laboratorios.

Tradicionalmente, la industria ha depositado sus residuos en terrenos baldíos y en forma clandestina; como resultado de estas prácticas, se observa ya contaminación en varios cuerpos de agua superficiales, o que puede provocar daños a la salud. Este mal manejo debe terminar cuanto antes. Es importante señalar que muchas empresas, generadoras de sustancias peligrosas, almacenan sus desechos hasta contar con la infraestructura de recuperación de tratamiento o de confinamiento seguro para su disposición final.
La industria petrolera, en sus procesos de refinación y petroquímica, genera anualmente 1.7 millones de toneladas de residuos.
La infraestructura disponible para el tratamiento está constituida por tres plantas y diez confinamientos controlados; estas instalaciones tienen una capacidad para procesar y disponer finalmente el 30 por ciento del total nacional de residuos industriales peligrosos. Tampoco se cuenta con personal técnico y operativo suficientemente capacitado para diseñar y poner en marcha sistemas de almacenamiento, regulación, transporte, tratamiento y disposición final. Todo ello provoca que el problema se agrave.
Los desechos provenientes de la industria agrícola revisten importancia por su composición, características y abundancia; sin embargo, no se tiene un inventario preciso de las fuentes y de los volúmenes que se generan, lo que impide definir medidas eficaces para su control.
Ordenamiento Ecológico
Las estrategias de reordenamiento urbano y de descentralización, establecidas para definir un nuevo perfil espacial del desarrollo, a partir del Sistema Urbano Nacional, consideran ya una estrecha vinculación con las política de ordenamiento ecológico. Esto permitirá distribuir de manera más racional las actividades productivas en el territorio.
El ordenamiento ecológico constituye el elemento central de la planeación para alcanzar un desarrollo sostenible. En el mediano plazo conjuga todos los programas de crecimiento: desde la planeación de proyectos específicos para la explotación de recursos naturales y el traslado de industrias, hasta la promoción del control de la emisión de contaminantes.
El crecimiento urbano desordenado, la expansión de la frontera agrícola y el desarrollo en su conjunto se han dado en forma indiscriminada, sin considerar el impacto sobre su ámbito de influencia. Este proceso se ha traducido en el deterioro ecológico y el daño al ambiente, descrito anteriormente.
La planeación ambiental es una tarea que tiende a orientar y corregir los procesos que inciden sobre la diversidad y la estabilidad de los ecosistemas. El proceso de ordenamiento incluye las actividades productivas primarias y secundarias, los asentamientos humanos, la explotación y el aprovechamiento de recursos naturales y la creación de áreas naturales protegidas.
Impacto Ambiental
El impacto ambiental puede reducirse al mínimo, si se considera la dimensión ambiental en el diseño y desarrollo del proyecto y en la operación de los ya existentes. En este contexto, la aplicación de estudios de impacto es prioritaria para el desarrollo sostenible del país.
El crecimiento industrial implica también la presencia de actividades peligrosas; para las zonas cercanas, aumenta el riesgo de ser severamente afectadas. En caso de accidente, se pueden producir emisiones tóxicas masivas o crearse nubes de sustancias explosivas que amenacen en forma significativa el equilibrio ecológico, el ambiente y la seguridad, tanto de la población como de sus bienes.
Las actividades socioeconómicas, fundamentalmente las industriales, implican por lo general un impacto ambiental. Por ejemplo, la construcción de grandes proyectos para la generación de energía eléctrica y la irrigación, la explotación de yacimientos minerales, los corredores industriales y los desarrollos turísticos conllevan grandes efectos sobre el medio circundante.
Sin una adecuada evaluación de su impacto, tales proyectos degradan el ambiente y pueden producir desplazamientos de núcleos de población, inutilizan tierras aptas para la agricultura y afectan recursos renovables y no renovables.
En algunas regiones del país se presentan con frecuencia fenómenos naturales destructivos, cuyos efectos pueden rebasar los parámetros de seguridad establecidos para la industria, con la consecuente afectación al ambiente.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente






establece que las actividades productivas, que implican alto riesgo, requieren de cumplimiento de normas técnicas de seguridad y operación. Sin embargo, existe poca experiencia en la elaboración de los estudios de riesgo con enfoque ambiental, es importante señalar la necesidad de proporcionar asistencia técnica y capacitación a las autoridades correspondientes, para que, con su cooperación y corresponsabilidad, se facilite la aplicación sistemática del análisis de riesgo.
Marco Legal
La legislación ambiental ha evolucionado hacia la concepción global de las relaciones de interdependencia que guardan los recursos naturales con las actividades de la sociedad. Con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se adoptó la premisa de que el crecimiento sostenido sólo puede darse a través de la planeación y el ordenamiento integral de las actividades productivas. Se considera también que la prevención es el medio más eficaz para preservar el equilibrio ecológico, con la participación activa de la sociedad.
Sin embargo, aún están vigentes otros ordenamientos legales que no contemplan el aprovechamiento integral de los recursos naturales. Esta circunstancia provoca contradicciones y conflictos entre las disposiciones vigentes; es imprescindible una mayor coordinación de las distintas instancias gubernamentales para superar estas deficiencias.

Por otra parte, a nivel estatal es incipiente todavía la promulgación de leyes y reglamentos que permitan atender en lo regional a los problemas ambientales; en forma semejante, las instancias locales carecen en muchos casos de las estructuras administrativas, para instrumentar las políticas en materia ecológica
Ciencia y Tecnología(aprovechamiento)
La infraestructura actual es aún escasa para conocer y aprovechar la enorme y variada riqueza natural de México. Poco se ha realizado para difundir oportunamente los conocimientos y avances científicos y tecnológicos, en materia de contaminación y preservación del equilibrio ecológico.
El conocimiento sobre la composición de los contaminantes y de la física y química atmosféricas requiere de años de investigación, muestreos y análisis de información; el establecimiento y la confirmación de hipótesis tienen que ser auxiliados con tecnologías modernas.
en materia de protección al ambiente se cuente con los conocimientos científicos y técnicos que permitan incorporar, en los procesos productivos, tecnologías que reduzcan al mínimo el impacto sobre el medio ambiente, así como definir e incluir criterios ecológicos para regular y optimizar las actividades productivas.

Hay un conocimiento importante en tecnologías tradicionales, que puede rescatarse para adoptarlo a las circunstancias actuales, debido a su utilidad para contrarrestar la degradación ecológica.
Existe un enorme potencial de recursos bióticos que no han sido aprovechados. En este caso la investigación no se ha dirigido a la creación de tecnologías adecuadas para el aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales con que cuenta el país.
La infraestructura de investigación en la materia requiere de un mayor impulso, que permita desarrollar e incorporar técnicas y procedimientos de producción que no incidan en forma negativa en el medio.
Cooperación Internacional
Nuestro país ha expresado, en diferentes foros ecológicos internacionales, su preocupación por prevenir y controlar la contaminación ambiental y sus efectos. Contribuye, asimismo, con la parte que le corresponde, en el desarrollo y ejecución de varios programas.
La cuestión ambiental ha adquirido una dimensión global. La industrialización, la urbanización y la interrelación de los ecosistemas provocan que impactos negativos en el entorno repercutan no sólo en el área donde se producen, sino que rebasan fronteras y afectan al medio ambiente mundial.
Es amplia y vasta la cooperación que en materia ecológica ha realizado nuestro país con todos los organismos internacionales involucrados en la materia. Se han suscrito convenios de cooperación en materia ecológica y ambiental con 56 países.
Estos convenios y proyectos internacionales han permitido complementar los recursos y esfuerzos nacionales para la transferencia de conocimientos y técnicas, la formación de recursos humanos especializados y la realización de trabajos conjuntos.

ESTRATEGIAS


Para alcanzar los objetivos del Programa, se ha integrado una estrategia enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo, que establece la necesidad de recuperar el crecimiento, otorgando al cuidado del ambiente una atención medular. Se reconoce que las problemas por resolver requieren de acciones de mediano y largo plazo. Además, para vencer la inercia de las décadas anteriores, en las que a la variable ambiental no se le reconoció su importancia, deberán inducirse cambios en hábitos y conductas en todos los sectores de la sociedad mexicana.
Objetivo:
Con el propósito de atender cabalmente las sugerencias y las denuncias de la ciudadanía, se perfeccionará el trabajo de coordinación intrasectorial e intersectorial que ya se realiza en el seno de la Comisión Nacional de Ecología, en los comités interinstitucionales del Gobierno Federal, en los Comités de Planeación para el Desarrollo Estatal (COPLADES) y en otras instancias. Así se evitará la dispersión de recursos, tanto gubernamentales como sociales.

El esfuerzo para la restauración y la preservación del equilibrio ecológico se dirigirá en buena medida a la esfera municipal. De esta forma, el municipio será el núcleo que propicie la acción de los grupos sociales en materia de protección al medio natural. Las regidurías ecológicas serán la organización más próxima al ciudadano, de las que partirán los programas en forma concurrente.


El compromiso ineludible es preservar el interés general por encima de las pretensiones individuales. Las decisiones estarán enmarcadas en esta premisa de justicia; por lo que el costo de la reparación del daño causado al medio natural, tendrá que absorberse por el responsable de provocarla.
Con la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, se inició un proceso de descentralización de facultades en el ámbito ecológico, el cual en algunas entidades ya se ha traducido en la expedición de normas y en la creación de organizaciones administrativas que atienden los asuntos de la gestión ambiental.
Este es un primer paso al que seguirán otras acciones. La descentralización se extenderá al nivel municipal, se establecerán procedimientos adecuados para transferir la experiencia acumulada tanto a los gobiernos estatales, como a los municipales, poniéndose énfasis en la formación de recursos humanos. Se apoyará a los dos órdenes de autoridad en la formulación de proyectos en materia ecológica. En este proceso, se concertarán acciones con las instituciones de educación superior, para la realización de programas de estudio y de capacitación.

Se impulsará la creación de las regidurías ecológicas, las cuales serán el mecanismo jurídico-administrativo de mayor relevancia, para que en el ámbito regional, gobierno y sociedad atiendan en forma conjunta los problemas ambientales.

Uno de los retos que enfrentará el Programa es la limitación presupuestal que afecta al país. La estrategia para enfrentarla consiste en perfeccionar los mecanismos de coordinación y de concertación entre el sector público y los sectores social y privado. De igual manera, se requieren nuevas formas de organización y procedimientos para enfrentar los problemas ecológicos, haciendo un uso eficiente de los presupuestos asignados.
Se buscará que los recursos fiscales induzcan inversiones paralelas de los sectores social y privado, de los gobiernos estatales, municipales y de otras instituciones. Se contempla la aplicación de las siguientes directrices:
Responsabilizar a los causantes del deterioro natural y la contaminación, de los costos que implique la prevención y la solución de los impactos negativos en el entorno. Complementar las erogaciones públicas con las aportaciones financieras de los grupos beneficiados.
Incrementar la participación de las comunidades atendidas mediante sus propias contribuciones de trabajo y la utilización de materiales locales.
En los casos permitidos por la ley, concesionar a los particulares las obras y servicios públicos en que se asegure el interés de la población.
Desarrollar esquemas de financiamiento de las obras y servicios públicos a través de sistemas tarifarios y de precios que permitan su operación autosostenible y la ampliación de las inversiones.
Estos esquemas para el financiamiento se reforzarán optimizando los recursos técnicos y humanos y asignando selectivamente presupuestos, para realizar actividades prioritarias y estratégicas.
Estrategia Territorial
El deterioro en el equilibrio ecológico es particularmente notable en las grandes ciudades y en los corredores y puertos industriales, donde se presentan los mayores índices de deterioro ambiental y de destrucción de recursos. Los impactos han afectado el entorno inmediato y han repercutido en las cuencas hidrológicas y los diversos ecosistemas.
Por esta razón, la estrategia territorial para atender los problemas de los centros urbanos o de las áreas ecológicas afectadas por la contaminación o la depredación de los recursos naturales, tiene como propósito establecer una relación más equilibrada entre las actividades productivas y su impacto directo en el entorno inmediato, así como en aquellas zonas ecológicas hasta donde llega la influencia de aquellas.
Se precisarán integralmente los problemas ecológicos, evaluando su magnitud para establecer niveles de atención y soluciones oportunas, bajo un cuadro de prioridades. Esto permitirá profundizar en las acciones correctivas y preventivas para reducir costos a mediano plazo y restituir las bases para un orden ecológico más equilibrado.
Recursos Naturales
Para frenar y revertir los daños ocasionados por la falta de armonía entre la producción y los recursos naturales, la gestión ecológica se orientará a generar programas para hacer efectivo el respeto a la vocación natural del suelo.
En cuanto al uso óptimo de los recursos naturales del país, se fomentará el uso de técnicas de aprovechamiento intensivo y continuo.
Será necesario coordinar entre las dependencias gubernamentales, en sus tres niveles, la implantación de programas locales orientados a delimitar las fronteras agrícola y forestal.
Se realizará un esfuerzo de gran cobertura, de coordinación y concertación con los sectores público, social y privado, para ejecutar programas integrales de preservación y aprovechamiento forestal. Esas acciones contemplarán la reforestación por los responsables del daño causado, así como la restauración de los ecosistemas alterados.
Conjuntamente con las autoridades locales, se elaborarán programas intersectoriales para proteger de los incendios a los recursos, que comprenderán medidas de vigilancia, de aplicación estricta del marco legal en la materia y la ejecución de acciones de contingencia en caso de siniestros.
En materia de áreas naturales protegidas, se incrementará la superficie del sistema existente y se re forzará la capacidad de protección y vigilancia. Paralelamente, se promoverá la utilización racional de otros recursos locales.
En cuanto a la flora y fauna silvestres, se trabajará en dos sentidos, por una parte, se ampliará la infraestructura existente para reproducción, con criaderos y viveros financiados y operados por organizaciones sociales y privadas, o bien por los propios gobiernos locales, mediante esquemas de comercialización controlada y cuotas de repoblamiento; en el otro, se actualizarán sistemáticamente los ordenamientos legales y los instrumentos para garantizar su cumplimiento, con sanciones más severas para los responsables de los deterioros ecológicos.

Agua
Se reducirán los niveles de contaminación del agua en las cuencas hidrológicas, mantos acuíferos y puertos industriales y turísticos; en especial, en aquéllas que se encuentran en zonas de influencia de los grandes polos de desarrollo.
Del conjunto de recursos acuíferos del país, adquirirán prioridad de atención las 31 cuencas hidrológicas que se encuentran severamente deterioradas. Cinco de ellas requieren de atención urgente, tanto por sus niveles de contaminación, como por el hecho de que se encuentran localizadas entre grandes polos de desarrollo. Dichas cuencas son: Lerma-Santiago, Pánuco, San Juan, Balsas y Blanco.

Para ellas, se formularán programas específicos que incluyen el saneamiento y el correcto aprovechamiento hidráulico; el control de las descargas residuales; la construcción y operación de plantas de tratamiento y la restauración ecológica de las áreas aledañas. Se efectuarán los trabajos sistemáticos de control de calidad de agua y de rehabilitación, para garantizar la preservación de estos ecosistemas en el largo plazo.
Con la participación de los gobiernos estatales correspondientes, se formularán programas integrales de atención para las cuencas del Pánuco, del Balsas, del Blanco, del San Juan y para los lagos de Chapala y Pátzcuaro. Se acelerarán los trabajos del Programa Conjunto de Saneamiento y Ordenación del Aprovechamiento Hidráulico de la cuenca Lerma-Santiago.
Para las otras cuencas, con la clasificación y evaluación del deterioro de los cuerpos de agua se normarán, con parámetros más estrictos, las descargas residuales para salvaguardar la capacidad de asimilación de los cuerpos receptores. Adicionalmente, se establecerán las medidas correctivas de tratamiento para los vertimientos industriales.
Se apoyarán los programas de rehabilitación y establecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales de carácter municipal, así como la instalación y ampliación de los sistemas de drenaje y alcantarillado. Para ello se concertarán los proyectos necesarios con los ayuntamientos y con los sectores social y privado, distribuyéndose los costos de las obras.
Se incrementará el número de estaciones de la red de monitoreo de la calidad del agua, se continuará equipando a los laboratorios de análisis y se actualizará el inventario de fuentes contaminantes.
Conjuntamente con los gobiernos locales, y en congruencia con la política de desarrollo urbano, se orientarán los procesos de expansión de los asentamientos humanos, para evitar su ubicación en zonas que entrañen riesgo para las recargas de los recursos acuífero.
Aire

Por el grado de deterioro de la calidad del aire de los principales centros urbanos e industriales, se proponen dos niveles de atención; el primero comprende las zonas metropolitanas de la ciudad de México, de Guadalajara y de Monterrey; y el segundo, asociado a un nivel menor de contaminación pero también grave, lo constituyen las ciudades fronterizas, los puertos industriales como Coatzacoalcos Minatitlán, Lázaro Cárdenas y Tampico-Madero-Altamira, así como los corredores industriales del Bajío y el de Tula-Vito-Apasco.
El problema de la contaminación del aire es de carácter local; se presenta fundamentalmente en las ciudades con mayores concentraciones de población e industrialización. Su solución requiere de acciones correctivas que implican costos muy elevados y de medidas que se sostengan y maduren en el largo plazo.
Mención especial merece la Zona Metropolitana del Valle de México, donde se continuará aplicando el Programa Integral de Lucha Contra la Contaminación Atmosférica, con acciones correctivas que ya se ejecutan, tales como la introducción de dispositivos anticontaminantes en el parque vehicular de modelos recientes, el incremento de la calidad y cobertura del transporte colectivo y la restauración ecológica de diversas áreas urbanas; y medidas preventivas que, en el mediano y largo plazo, contemplan la producción de combustibles de mejor calidad para fuentes fijas y móviles, el control de giros contaminantes, la regulación del crecimiento urbano y la descentralización de actividades administrativas e industriales.

Para las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, se aplicarán también programas integrales, en coordinación con los gobiernos municipales. En dichos programas se considerará la ejecución de acciones correctivas y preventivas que reviertan la infición. En las ciudades del segundo nivel de atención, se pondrán en práctica las experiencias de esos programas y se ampliarán las actividades de monitoreo, para vigilar que los niveles de contaminación no aumenten. En el resto de los centros urbanos se realizarán actividades preventivas, conjuntamente con las autoridades locales.
Las tareas que se realicen, para la solución de estos problemas, requerirán que la ciudadanía asuma plenamente su parte de responsabilidad en la ejecución de las medidas propuestas.
Se reducirá la emisión de contaminantes atmosféricos, mediante el establecimiento de medidas correctivas y preventivas para las fuentes móviles y fijas. En forma paralela, se desarrollarán programas intensivos de ahorro de energéticos.
Las tres grandes zonas metropolitanas, las ciudades fronterizas y los puertos y corredores industriales contarán con programas específicos para disminuir los niveles de contaminación del aire. En éstos, se incluirán los mecanismos de concertación para que los sectores social y privado participen activamente.
En las zonas críticas del país, se ampliarán y operarán eficientemente los sistemas de transporte colectivo, impulsando en especial el de energía eléctrica.
En el mediano plazo, se disminuirá al mínimo el uso y la producción de las sustancias destructoras de la capa de ozono.
Se acelerarán las acciones para la reubicación de las empresas altamente contaminantes, instaladas en la Zona Metropolitana del Valle de México, en Guadalajara y en Monterrey. No se permitirá la instalación de nuevas empresas que generen contaminación en las zonas críticas. En relación con otros giros industriales, se intensificará la vigilancia y regulación para la incorporación de equipos anticontaminantes.
A fin de reforzar las tareas de prevención y control de la contaminación atmosférica, en los estados y municipios, se fortalecerá la Red Nacional de Monitoreo Atmosférico, ampliando la cobertura de la medición continua en las zonas críticas del país: ZMVM, Guadalajara, Monterrey, Coatzacoalcos-Minatitlán, Tijuana, Ciudad Juárez, Tampico-Madero-Altamira, Tula-Vito-Apasco e Irapuato-Celaya-Salamanca.
Se ampliarán los esfuerzos para fijar las normas técnicas que permitan garantizar la calidad del aire en el resto del país, estableciendo los niveles máximos de emisiones por fuente y por contaminante, así como las medidas de control y abatimiento.
Se concluirá y actualizará el inventario de establecimientos industriales identificados a nivel nacional, así como del parque vehicular en circulación.
Para la prevención y control de las emisiones de humos, de polvos y de gases, se producirán combustibles limpios para su uso en zonas críticas.Se establecerán los mecanismos necesarios para la aplicación de programas de atención, a contingencias y emergencias ambientales en las zonas críticas.
Desechos y Residuos Sólidos
la disposición final de los residuos sólidos son, de conformidad con el Artículo 115 constitucional, de estricta competencia de los gobiernos municipales; de acuerdo con este ordenamiento, la Federación debe proporcionar el apoyo y las normas técnicas necesarias, para propiciar que las acciones de saneamiento se efectúen oportunamente, evitando los peligros de la insalubridad.
Se disminuirán los niveles de contaminación del suelo, principalmente en las tres grandes zonas metropolitanas, en los corredores y puertos industriales y en las principales ciudades fronterizas y actividad turística.
Para lograr una adecuada disposición de los residuos, se ejecutarán las siguientes acciones: promover la actualización del marco legal para la atención integral de los problemas apoyar al fortalecimiento de la capacidad municipal, para el cumplimiento cabal de sus atribuciones de saneamiento; fomentar la ampliación de la infraestructura necesaria para el control, el tratamiento y la disposición de los residuos sólidos; promover el control de la fabricación de productos desechables; y propiciar una cultura social más respetuosa del entorno.
En coordinación con los gobiernos estatales y municipales, se elaborarán programas integrales de control de residuos sólidos, procurando una mayor eficiencia en el sistema terminal; en relación con los residuos sólidos industriales peligrosos, se contará con la infraestructura de confinamiento que garantice plenamente su control.
La banca de desarrollo desempeñará un papel determinante en estas acciones.Se incrementarán las plantas de reciclaje, de tratamiento, de incineración y de confinamiento controlado, conforme a las necesidades de los municipios y de los corredores industriales. Paralelamente, se completará el inventario de residuos industriales, de plaguicidas caducos y de fertilizantes.
Se implantarán procesos menos contaminantes, y viables desde el punto de vista económico, para la instalación de receptores de residuos agroquímicos en las cinco regiones agrícolas más importantes del país.
Mediante convenios de concertación con el sector privado y la industria paraestatal, se reducirá la producción y utilización de materiales de lenta degradación, promoviendo adicionalmente la instalación de plantas de reciclaje y centros de acopio, en particular para los plásticos.
A nivel internacional, se suscribirán los acuerdos necesarios para el control de los movimientos transfronterizos de residuos sólidos y su eliminación. Con los Estados Unidos de América, se ampliarán los sistemas locales fronterizos de respuesta conjunta, ante derrames o escapes de sustancias peligrosas.

Cooperación Internacional
Mediante los convenios y proyectos establecidos con la comunidad internacional, se complementarán los recursos internos. Se buscará la adquisición de conocimientos y de técnicas de otros países, la formación de recursos humanos especializados y la transferencia de experiencias. Se impulsarán proyectos conjuntos entre expertos mexicanos y del extranjero.
México seguirá expresando, ante diferentes foros ecológicos internacionales, su preocupación y voluntad firme de participar en los programas de escala mundial. Se insistirá en declarar que los países que contribuyan más a la degradación ecológica, tienen una responsabilidad mayor para remediar los daños.
LA PREVENCION
Se consolidará el Sistema Nacional de Areas Naturales Protegidas, fortaleciendo su infraestructura básica y ampliando la superficie territorial protegida, de manera que se resguarde la mayoría de los ecosistemas representativos del país. Las irregularidades de tenencia de la tierra, en estas áreas, serán corregidas.
En el corto plazo, se establecerá la red nacional de parques, zoológicos, criaderos y jardines botánicos, para sistematizar los trabajos de recuperación y repoblamiento de especies de flora y fauna en peligro de extinción.
Se ampliará la capacidad de vigilancia y control de la flora y fauna en las áreas naturales protegidas, con la participación de las autoridades federales, estatales y municipales. En esta acción, se concertarán los acuerdos necesarios para que las comunidades ubicadas, en las circunscripciones resguardadas, participen de manera organizada. Con los sectores privado y social, se convendrán las modalidades y condiciones para la explotación racional y sostenible de los recursos naturales.

En coordinación con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, se establecerá el control de los procesos de explotación de bosques y selvas, para garantizar la recuperación y reforestación de las zonas sujetas a estas presiones, sancionando a los agentes deteriorantes, proporcionalmente al daño ocasionado.

Mediante programas intersectoriales, se ejecutarán acciones para prevenir y contrarrestar fenómenos de contaminación, incendios, deforestación, erosión y/o desertificación, así como para el mejoramiento de zonas críticas, recuperación de suelos y conservación de áreas tributarias a cuerpos de agua.
Se descentralizará a los gobiernos locales la administración de las áreas ecológicas y parques que estén completamente regularizados y cuenten con los soportes para operarse de forma autofinanciable.
Se actualizará el inventario de especies de flora y fauna silvestres amenazadas o en peligro de extinción, para definir zonas y temporadas de veda, además de los mecanismos coercitivos para evitar y corregir el comercio ilegal.
Con los ayuntamientos y asociaciones sociales y privadas, se desarrollarán programas municipales, para que los principales centros de población cuenten con viveros y, en ciertos casos, criaderos de fauna representativa de la región.

Especial énfasis se pondrá donde se observe mayor rezago socieconómico, estableciendo un operativo estrechamente relacionado con el Programa Nacional de Solidaridad.
Con el mismo propósito, se aumentará el número de centros de promotoría ecológica y unidades de protección y restauración ecológica en zonas altamente deterioradas.
Ordenamiento Ecológico
Se expedirá el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de ordenamiento ecológico, con las normas técnicas y criterios complementarios.

Se definirá la normatividad y los mecanismos para ajustar la política del crecimiento urbano nacional, en términos de la vocación natural del suelo, con atención preponderante a las zonas industriales, las áreas urbanas de crecimiento acelerado y los asentamientos aledaños a cuencas hidrológicas.
El ordenamiento ecológico del territorio es el principal instrumento, para que la planeación del desarrollo nacional contemple de manera adecuada la utilización del suelo y propicie un manejo correcto de los recursos naturales.
Se pondrá especial énfasis, por tanto, en actualizar y ejecutar el proyecto de ordenamiento ecológico general del territorio, así como en los capítulos de ordenación que en lo particular deban adoptarse a nivel de zona ecológica y en los proyectos de desarrollo agrícola, forestal, industrial, urbano, nacional, turístico de generación de energía y en aquéllos que se pretenda instalar en zonas críticas y en ecosistemas frágiles.
Las actividades energéticas, de comunicaciones y transportes, minero-metalúrgicas, agropecuarias, forestales, industriales y turísticas recibirán una atención prioritaria, dado su efecto grave en las alteraciones del equilibrio ecológico.
Con las Secretarías de Programación y Presupuesto, de Hacienda y Crédito Público y otras dependencias globalizadoras responsables de la asignación de recursos, y de las autorizaciones para la obra pública o privada, se definirán los mecanismos para asegurar que se cumpla la normatividad establecida, así como la asignación de recursos económicos que deban aplicarse a este rubro. Los sectores de la administración pública establecerán las modalidades para realizar sus ordenamientos, de conformidad con las disposiciones normativas vigentes.

Se consolidará el sistema de información ecológica, como banco de datos sobre el inventario y el estado de los recursos y los ecosistemas con que cuenta el país. Este acervo será un importante apoyo a los sistemas estadísticos nacionales, para que las cifras ahí registradas consideren criterios ecológicos.
Riesgo Ambiental  
En coordinación con los sectores encargados de la asignación de recursos crediticios para el desarrollo y la autorización de proyectos, se garantizará que no exista actividad u obra pública o privada, que previa a su ejecución, omita la manifestación respectiva.
La participación coordinada de los sectores público, social y privado es fundamental. Se exigirá a las empresas con tales características, el perfeccionamiento de sus mecanismos de prevención y control de accidentes, así como la delimitación de zonas intermedias de salvaguarda apropiadas.
En apoyo a las metas señaladas, se perfeccionará el Sistema de Información Rápida de Impacto Ambiental, para lo cual, entre otras medidas, se establecerán los mecanismos de intercambio con instituciones de investigación.
Se intensificarán los programas de protección civil y ecológica, para garantizar la salvaguarda de la población, sus bienes y los ecosistemas circundantes de las zonas donde se desarrollan actividades productivas que, por su naturaleza, representen riesgos significantes.
En las zonas metropolitanas del Valle de México, de Guadalajara y de Monterrey; en Coatzacoalcos-Minatitlán, Tampico-Madero-Altamira, Irapuato-Celaya-Salamanca y las ciudades fronterizas, se identificarán y caracterizarán las zonas de alto riesgo, para el diseño de programas especiales de contingencias.
Se promulgará el reglamento en materia de prevención y control de riesgo ambiental, así como las normas técnicas de seguridad y operación y los criterios ecológicos de riesgo para el manejo, el almacenamiento, el proceso y la distribución de sustancias peligrosas.
La participación coordinada de los sectores público, social y privado es fundamental. Se exigirá a las empresas con tales características, el perfeccionamiento de sus mecanismos de prevención y control de accidentes, así como la delimitación de zonas intermedias de salvaguarda apropiadas.

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